El impacto del Juez Scalia en los derechos del acusado y el procedimiento criminal
La metodología utilizada por el
fallecido Juez Scalia para analizar controversias constitucionales, lo cual
descansaba grandemente en el originalismo, ocasionaron que diera votos que se
pueden ver como votos a favor de la protección de derechos del acusado,
poniéndolo a veces en polos opuestos con otras filosofías tradicionales de
jueces conservadores.[1] Este escrito estará
concentrado en tres ares en particular: 1) la Cuarta Enmienda de la Carta de
Derechos de los Estados Unidos y el derecho a estar libre de un allanamiento o
un arresto sin una orden de un juez donde exista causa probable; 2) la clausula
de confrontación y el derecho de acusados criminales en el juicio; 3) la regla
de “lenity” derivada de la clausula del debido proceso de ley.[2]
La batalla del Juez Scalia por los
derechos individuales de los acusados pudo verse claramente en el caso del GPS,
United States v. Jones[3],
en donde el gobierno adjuntó un sistema de información geográfica, mejor
conocido como GPS, en el vehículo de un sospechoso y lo monitorearon por
semanas. En vez de descansar en la opinión de Katz v. United States[4],
que normalmente pregunta si un dispositivo de vigilancia interfiere
razonablemente con la expectativa de intimidad de un acusado, el Juez Scalia
analizó si la intrusión física del dispositivo hubiera constituido una violación
al common law para los tiempos de la fundación de la república.[5] Mirando el texto de la
Cuarta Enmienda, que protege, entre otras cosas, los efectos personales de una
persona, y mirando a casos viejos de common law inglés, el Juez Scalia observó
que la intrusión física del gobierno hubiera sido considerado una “search” en
violación a la Cuarta Enmienda para el tiempo en que fue redactada.[6] Esta decisión, que
favoreció a un acusado en un caso de conspiración de drogas, aumentó lo que
significaba un “search” bajo la Cuarta Enmienda[7] y pareciera favorecer a
acusados criminales en un futuro.[8] Un año después de Jones, el Juez Scalia aplico el examen
de violación física en Florida v.
Jardines[9]
para invalidar el uso sin una orden judicial del olfato de un perro en la
terraza de una casa ubicada en la entrada de ésta. Mirando a las reglas del
common law, el Juez Scalia estableció lo siguiente: "an
officer's leave to gather information is sharply circumscribed when he steps off
[the public] thoroughfares and enters the Fourth Amendment's protected
areas," which, pursuant to the text of the Amendment, includes an
individual's "house."[10]
El juez Scalia
también falló a favor de los acusados penales en varias líneas importantes de
casos de la Sexta Enmienda. Primero, la lectura que hizo el juez Scalia del
texto y la historia de la Sexta Enmienda también lo llevó a descartar el examen
prevaleciente de interpretación de la Corte en lo que respecta a los requisitos
de la Cláusula de Confrontación[11], que se centraba en la
confiabilidad inherente de la declaración extrajudicial de un testigo para determinar
su admisibilidad en el juicio. En Crawfordv.
Washington[12], el juez Scalia
fue el autor de la opinión mayoritaria que, en cambio, se basó en el derecho de
realizar un contrainterrogatorio en el juicio para evaluar la fiabilidad de una
declaración, un argumento más favorable para los acusados. El juez Scalia,
generalmente defensor de los derechos de los juicios por jurado[13] creía lo siguiente acerca
de la Cláusula de confrontación: “"commands, not that evidence be
reliable, but that reliability be assessed in a particular manner: by testing
in the crucible of cross-examination."[14] En años más recientes, el
juez Scalia defendió vigorosamente el alcance de las protecciones de la
Cláusula de Confrontación contra lo que percibió como un esfuerzo por limitar
la Cláusula por otros Jueces. Por ejemplo, en una decision del 2015, el Juez
Scalia estableció lo siguente: the Court's shoveling of fresh dirt upon the Sixth Amendment
right of confrontation so recently rescued from the grave in Crawford…”[15] Con el juez Scalia fuera de la Corte, la
continuación de Crawford y los casos posteriores que aplican su interpretación
parece cuestionable. En segundo lugar, la preocupación del juez Scalia por los
derechos a juicio por jurado de los
acusados, lo que él llamó "una reserva fundamental de poder en nuestra
estructura constitucional", lo llevó a convertirse en el quinto voto en el
fallo histórico de la corte en Apprendi v. New Jersey[16]
y autor de la opinion 5-4 en Blakely v. Washington,[17]
que generalmente sostiene que los hechos que aumentan la pena máxima a la que
está sujeto el acusado deben determinarse más allá de una duda razonable por parte de un
jurado y no de un juez. Estas sentencias crearon el camino para Booker v.
Estados Unidos[18],
lo que hizo que las guías federales de sentencia fueran discrecionales, en lugar
de obligatorias, creando un profundo cambio en la forma en que operan los
procesos penales en el día a día.[19]
Se puede considerar que Scalia se
puso del lado de los acusados cuando se determinó que la ley penal en cuestión
se había redactado de manera demasiado vaga para proporcionar un aviso
suficiente de la conducta que la ley prohíbe. El ejemplo más reciente de este
enfoque fue su opinión mayoritaria en Johnson v. Estados Unidos[20], en el cual el
Tribunal invalidó la llamada "cláusula residual" de la “Armed Career Criminal
Act. (ACCA),[21]
que imponía una pena mínima mandatorio de 15 años a cualquier persona que
posellera un arma de fuego teniendo tres convicciones previas por delitos
graves violentos (“violent felonies”).[22]
En este caso el Juez Scalia determinó que el Congreso está requerido de
escribir las leyes de una manera particular que pueda permitir una notificación
adecuada de la conducta prohibía. Uso esta doctrina para invalidar la clausula
residual del estatuto estableciendo que la provisión que condenaba de 15 años a
vida en prisión no cumplía con la garantía del debido proceso de ley.[23]
[1] Vease Ermin
Chemerinsky, Progresive and Conservative
Constitutionalism as the United States Enters the 21st century,67. L &
Contemp. Prob. 53, 58 (2004) (Por décadas los conservadores han estado del lado
del gobierno en restringir los derechos de un acusado); Arnold H. Loewy, A
Tale of Two Justices (Scalia and Breyer), 43 TEx. TECH L. REV. 1203, 1204
(2011) (El juez Scalia en cierta manera una de las perlas de los conservadores
en el tribunal supremo federal, en cuestiones criminales ha estado fuera del
espectro conservador. Por ejemplo, en casos relacionados a la cuarta enmienda, como
en Arizona v. Hicks, 480 U.S. 321
(1987); Kyllo v. United States, 533
U.S. 21 (2001); Arizona. v. Gant 556
U.S. 332 (2008), Scalia lideró una corte bien dividida, hacienda que ésta
adoptare una visión más amplia de la enmienda.
[2] U.S. v. Santos, 553 U.S. 507 (2008). (Un caso de lavado de dinero en donde
la corte mediante la opinión del Juez Scalia estableció: “Rule of lenity requires ambiguous criminal laws to be
interpreted in favor of defendants subjected to them.”).
[4] 389 U.S. 347, 360
(1967) (Harlan, J., concurring)
[5] Jones, 132 S. Ct. at 949.
[6] Id.
[7] Orin S. Kerr, The
Curious History of Fourth Amendment Searches, 2012 Sup. CT. REv. 67, 90 (2012)
[8] La filosofía judicial del juez Scalia, sin
embargo, no siempre favoreció a presuntos delincuentes. Por ejemplo, su opinión
en Marylandv. Shatzer, 559 US 98, 110
(2010), se puso del lado del gobierno, confiando en una regla finita para
limitar a 14 días el período de tiempo en que los funcionarios encargados de
hacer cumplir la ley deben abstenerse de interrogar a un sospechoso criminal
después de haber invocado el derecho a un abogado. Véase opinión concurrente de
la Jueza Sotomayor en Jones. La
opinión concurrente de la Jueza Sotomayor sirvió de gran influencia para la
recién opinión emitida por el Juez Presidente John Roberts Carpenter v. United States, 585 U.S. ____ (2018). Dos
años después de la opinion de Scalia en Jones,
el Juez Presidente Roberts emitió una opinion Riley v. California, 573 US _ (2014)
en donde se estableció que se necesitaba una orden judicial para poder
registrar incidentalmente después del arresto un teléono celular.
[12] Crawford v. Washington, 541 U.S. 36, 42-43 (2004)
("The Constitution's text does not alone resolve this case.... We must
therefore turn to the historical background of the Clause to understand its
meaning.").
[13] Rachel E. Barkow, Originalists, Politics, and Criminal Law on the Rehnquist
Court, 74 GEO. WASH. L.
REv.. 1043, 1046 (2006).
[19] Kevin R. Reitz, The New Sentencing
Conundrum: Policy and Constitutional Law at Cross-Purposes,105 COLUM. L. REv.1082, 1086 (2005).
